Consecuencias de las demandas a la empresa I


Por Julio Salazar M.

Abogado y Notario, Magister Derecho Corporativo, Asesor jurídico de empresas y abogado litigante. Catedrático de Derecho Procesal Civil y Notariado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

 

En toda empresa se desarrollan una serie de relaciones de muchos tipos, las laborales, las de los clientes, las de los proveedores, entre accionistas o socios, para poner algunos ejemplos. El hecho es que no todas esas relaciones finalizan en buenos términos, algunos trabajadores tienen que ser despedidos, hay problemas con los vendedores, problemas con algún cliente inconforme o bien, existe disconformidad entre los propios socios. En estos casos, lo ideal es poder resolverlo sin tener que acudir a juicio, sin embargo, esto no siempre es posible.

 

Por estas razones, es necesario conocer cuales consecuencias puede conllevar una demanda planteada en contra de la empresa. Al referirme a la empresa, lo hago tanto en caso de empresa individual o bien como sociedad mercantil, sin embargo, en la práctica las consecuencias para ambas son distintas, pues para la empresa individual, la demanda recae sobre el propietario de esta y sus bienes, para la demanda contra una sociedad, la demanda es contra la sociedad y no contra sus accionistas y representantes legales, no obstante, esto no imposibilita que también se les demande a estos por cuestiones personales.

 

El primer problema que implica una demanda son las medidas cautelares, en este artículo me referiré a el embargo. Las medidas cautelares son una garantía del cumplimiento de la eventual sentencia que se dicte dentro de un juicio, ya que es posible, que cuando una persona se sepa demandada, traslade los bienes a otras personas y con ello evite el pago de la posible condena que le pueda imponer un juez. Hay que recordar, que de acuerdo a la Constitución Política de la República no hay cárcel por deuda, por lo que en caso tengamos una sentencia favorable del orden civil o mercantil, no se podrá hacer cumplir la misma, si no tenemos un bien que sirva para garantizar ese pago.

 

El embargo, es una medida cautelar que, de acuerdo a la ley, apareja la prohibición de enajenar la cosa embargada. Si esta prohibición fuese infringida, el embargante tiene derecho a perseguirla de cualquier poseedor, salvo que el tenedor de la misma opte por pagar al acreedor el importe de su crédito, gastos y costas de ley.

Esta medida puede recaer sobre bienes muebles (vehículos, maquinaria), bienes inmuebles (terrenos, casas, apartamentos, fincas) o créditos, sueldos, dinero en cuentas bancarias entre otros.

 

Sin embargo, existen bienes inembargables, estos son (artículo 306 del Código Procesal Civil y Mercantil):

 

1º. Los ejidos de los pueblos y las parcelas concedidas por la administración pública a los particulares, sí la concesión lo prohibe.

2º. Las sumas debidas a los contratistas de obras públicas, con excepción de las reclamaciones de los trabajadores de la obra o de los que hayan suministrado materiales para ella; pero sí podrá embargarse la suma que deba pagarse al contratista después de concluida la obra.

3º. La totalidad de salarios o sueldos y de honorarios, salvo sobre los porcentajes autorizados por leyes especiales y, en su defecto, por el Código de Trabajo.

4º. Las pensiones alimenticias presentes y futuras.

5º. Los muebles y los vestidos del deudor y de su familia, si no fueren superfluos u objetos de lujo, a juicio del juez; ni las provisiones para la subsistencia durante un mes.

6º. Los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que el deudor esté dedicado.

7º. Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso, habitación y usufructo, pero no los frutos de éste.

8º. Las pensiones, montepíos o jubilaciones menores de cien quetzales al mes que el Estado acuerde y las pensiones o indemnizaciones en favor de inválidos.

9º. Los derechos que se originen de los seguros de vida, o de daños y accidentes en las personas.

  1. Los sepulcros o mausoleos.
  2. Los bienes exceptuados por leyes especiales.
  3. Las naves mercantes, salvo las excepciones que establece la ley.

 

Para los casos en que sea aplicable, pueden ser embargados los bienes a que se refieren los incisos anteriores, cuando la ejecución provenga de la adquisición de ellos.

 

Existe la idea generalizada que las cuentas de ahorros no son embargables, sin embargo, esta es una idea que no está respaldada por la ley puesto que no entra dentro de las excepciones.

 

Otra cuestión importante de resaltar es el embargo de la totalidad del sueldo o salario, los porcentajes permitidos de acuerdo al artículo 96 del código de trabajo son el sesenta y cinco por ciento de los salarios mensuales de trescientos quetzales o más.  Esta norma habla de salarios mayores a trescientos quetzales al mes ya que para la fecha de su creación existían esos salarios mínimos. No obstante, son embargables toda clase de salarios, hasta en un cincuenta por ciento, para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los seis meses anteriores al embargo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos como en el caso de embargo por otras obligaciones, el mandamiento contendrá la prevención, a quien deba cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos.

 

En el siguiente artículo, me estaré refiriendo al embargo con carácter de intervención en contra de las empresas mercantiles.